Por @Wicho — 10 de Diciembre de 2018

El pasado mes de septiembre de 2018 el Parlamento Europeo votaba a favor de retomar los denostados artículos 11 y 13 del reglamento revisado sobre propiedad intelectual.

Son, respectivamente, los artículos que permitirán a los editores cobrar por enlazar con las informaciones que publiquen y que obligarán a las plataformas a las que se pueda subir contenidos a hacer un filtrado previo por si hay alguna infracción de copyright.

#CensorshipMachine

Pero los procedimientos europeos son tan complicados y enrevesados que aún no está todo dicho. El resultado de esa votación lo que hizo en realidad fue fijar la posición negociadora al respecto del Parlamento Europeo para las reuniones que tendrán lugar en los próximos meses con el Consejo Europeo en las que la Comisión Europea hará de intermediaria entre ambos.

Estas negociaciones llevarán, en teoría, a una posición común compartida por el Parlamento y el Consejo, posición que se votará de nuevo, probablemente a finales de 2018 o principios de 2019, antes de las elecciones europeas.

Así que aún podemos seguir insistiendo para que se lo piensen.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información acaba de lanzar la campaña #StopCensuraCopyright en la que intentan hacer llegar a la mayor cantidad de personas posible lo que está en juego –ni más ni menos que la Internet tal y como la conocemos– para que los ciudadanos de la UE sigamos presionando a nuestros políticos para que nos escuchen a nosotros, no sólo a los lobbies de la industria de contenidos. Hay textos, videos e información al respecto que compartir.

La PDLI es una organización independiente, apartidista y plural dedicada a la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información, y a denunciar y a frenar cualquier ataque contra los mismos.

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Por @Wicho — 6 de Diciembre de 2018

Correo basura no gracias - Foto por Pau Casals en Unsplash

No deja de ser irónico que los plazos de los diversos trámites involucrados en su tramitación hayan llevado a que la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que faculta a los partidos políticos para «utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral» se apruebe justo el día en el que se celebra el 40º aniversario de la Constitución de 1978, esa que entre otras cosas, garantiza nuestros derechos y deberes fundamentales.

La nueva ley, aprobada por unanimidad en el Congreso y tan sólo con la oposición de Unidos Podemos en el Senado, que ha cambiado el sentido de su voto tras la introducción del artículo 58bis, que es el que permite esa recolección de datos sin permiso, ha hecho saltar las alarmas entre abogados, activistas, e incluso la Unión Europea.

Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.
2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.
3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.
4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.
5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.

Los Simpson (bueno, Términos y Condiciones) te lo explican aquí por si tanto «legalés» no te queda claro:

La LOPDGDD tiene algún que otro aspecto peliagudo más, como por ejemplo, según se puede leer en El Confidencial, que «todo el que quiera que un medio o una plataforma digital retire una información que considere errónea sobre su persona podrá pedir que lo hagan sin tener que pasar por ningún tribunal. El medio no estará obligado a retirarla, pero deberá colocar a la vista un aviso en rojo que muestre que ese contenido “no refleja la situación actual del individuo”».

Hay más información acerca de todo esto en Empresas a sueldo de partidos políticos para espiarte en la red: así sabrán todo sobre ti.

Unidos Podemos ha anunciado que recurrirá la ley en el Tribunal Constitucional por el 58bis. Pero mientras los partidos políticos pueden empezar a partir de mañana, día 7 de diciembre de 2018, a recoger esos datos y construir sus bases de datos sin problema alguno.

La única opción que tenemos para evitarlo mientras tanto –y mientras llegan otros posibles recursos y su resolución– es oponernos expresamente, enviando este documento, elaborado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) con la ayuda de varios abogados, a todos y cada uno de los partidos que no queramos que puedan hacer y deshacer a su antojo con los datos que recopilen de nosotros. Aquí hay instrucciones sobre cómo hacerlo.

{Foto por Pau Casals en Unsplash}

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Por @Wicho — 27 de Noviembre de 2018

Esto que cuenta David Bravo es que el Congreso ha aprobado la enmienda 32 al Proyecto de Ley para modificar la normativa de Propiedad intelectual [PDF], enmienda que ha sido pactada por PP, PSOE y Ciudadanos.

Básicamente viene a decir que cuando una web ya haya sido cerrada una vez –juez mediante– para una segunda denuncia el cierre podrá ser ordenado directamente por la Comisión de Propiedad intelectual que estableció la Ley Sinde. Sin que un juez tenga que autorizar el segundo cierre: «la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis.»

Total, como ya fueron malos una vez, ¿para qué aplicarles la presunción de inocencia? O eso deben haber pensado sus señorías al pactar esta enmienda que lamina alguno de los derechos básicos que tenemos.

El Proyecto de Ley tiene que ir ahora al Senado, donde no se prevé que tenga ningún problema para pasar. Y de ahí volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Pero este otro tuit de David –de 2011– está demostrando ser profético:

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Por @Wicho — 22 de Noviembre de 2018

El canal de YouTube de Jaime Altozano está lleno de vídeos interesantísimos sobre música. Cosas como análisis de bandas sonoras, de canciones, de música clásica, o incluso el nuevo disco de Rosalía.

Jaime ha tenido problemas a menudo con los filtros de contenido de YouTube, que se activan con demasiada facilidad, aunque por lo general una vez que reclama y alega que hace uso legítimo de los fragmentos que incluye en sus vídeos la cosa se soluciona.

Pero en este vídeo habla del famoso Artículo 13 de la nueva directiva sobre copyright de la Unión Europea, ese que pretende responsabilizar a plataformas como YouTube, Instagram o Twitter de las infracciones de copyright que puedan cometer sus usuarios. Jaime prevé, como todo el mundo con dos dedos de frente, que lo que va a pasar será que subirán los filtros al 13 (de 10) y que casi cualquier cosa quedará bloqueada automáticamente, lo que es un enorme cortarrollos para las personas que suban contenidos con cierta frecuencia.

Así que como dice él, es como para pensárselo e intentar hablar con nuestros políticos para que no sigan adelante con el Artículo 13, al menos no en su redacción actual, algo para lo que aún estamos a tiempo.

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