Por @Wicho — 10 de Octubre de 2013

Después de recibir en un mismo día las notificaciones de que un juzgado archivaba el caso contra un cliente suyo mientras que la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, más conocida como Comisión Sinde-Wert, consideraba que su sitio web sí infringía la propiedad intelectual, lo que resulta bastante esperpéntico, David Bravo decidió tomar cartas en el asunto.

Así que interpuso una querella contra la Comisión Sinde por prevaricación, querella que ha sido admitida por uno de los juzgados de instrucción de Madrid.

Según se puede leer en Un juzgado investiga a la Comisión Sinde por prevaricación, para David la comisión podría haber cometido tres irregularidades, «no respetar el principio de prejudicialidad penal, diseñado precisamente para evitar resoluciónes contradictorias; arbitrariedad a la hora de dictar las resoluciones (puesto que la misma comisión declaró una cosa y la contraria en casos idénticos, con pocos meses de diferencia) y, por último, una falta de coherencia en su propio proceder al preguntar al juzgado si existe prejudicialidad penal y dictar resolución sin esperar respuesta, demostrando que el proceso era una simple formalidad estética.»

El proceso no ha hecho más que empezar, y por ahora el juzgado ha pedido, a instancias de David, que se identifique a los miembros de la comisión que firmaron la resolución en cuestión.

Habrá que ver luego si el titular del juzgado hace la misma interpretación que David en cuanto a lo que es prevaricación, es decir, que los redactores de la resolución han dictado una resolución injusta a sabiendas de su injusticia, quienes en caso de ser condenados se enfrentarían a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Por otra parte, la resolución de la Comisión Sinde ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional.

Claro que no hay que olvidar que La fiscalía propone criminalizar los enlaces que violen los derechos de propiedad intelectual, un primer paso para hacer que las resoluciones de la Comisión Sinde no vayan contra la ley.

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