Por @Wicho — 19 de Marzo de 2013

Cuando el gobierno de España se inventó la Ley Sinde, a instancia de la industria de contenidos y duramente presionado por el gobierno de los Estados Unidos, los que saben de todo esto dijeron que no serviría de nada y que lo que había que hacer era actualizar la Ley de Propiedad Intelectual y adaptarla a los tiempos que corren.

Con el tiempo se demostró que en efecto la Ley Sinde ha resultado ser bastante inútil, así que la industria de contenidos vuelve a la carga, pero ahora con una reforma de la LPI abanderada por José María Lassalle que da miedito.

Según resume Julio Alonso en Reforma de la LPI: todos somos policías:

  1. La copia privada se ve muy reducida, hasta el punto de que no podremos hacer una copia de un disco que nos regalen, y se declaran ilegales usos que hasta ahora no lo eran. Así la industria podrá perseguir esos usos y el estado tendrá que pagar menos por los escasos casos válidos que queden; por otra parte, se crea un nuevo canon a ser pagado por las universidades en concepto de poder subir a sus campus virtuales obras en formato digital sin distinguir el tipo de obra ni si el autor quiere o no que CEDRO gestione este asunto.
  2. Se criminalizan los enlaces al equipararlos con poner a disposición una obra, algo que hasta ahora los jueces habían dicho que no era así. Claro que Google y de paso otros buscadores se libran porque este se las ha apañado para que los excluyan.
  3. Proveedores de servicios, medios de pago y agencias de publicidad tendrán que dejar de hacer negocios con quien la Comisión –a todos los efectos Lassalle, quien asume todas las competencias sancionadoras– les indique. Y si se niegan se enfrentan a multas que van de 30.000 a 300.000 euros, mucho más grandes que en otros delitos económicos mucho peores.
  4. Se sigue recurriendo al cierre o corte de acceso a los sitios contra los que se actúe.
  5. Los proveedores de servicios tendrán que identificar a los infractores a petición de un juez, algo que antes sólo sucedía para los delitos más graves.

Todo esto hecho mediante notificaciones por edictos, sin que sea necesario comunicarse nunca de forma directo con el denunciado, que con toda probabilidad se enterará cuando ya se haya tramitado todo y no tenga oportunidad ni de rechistar.

Hay más información acerca de todo esto en La nueva ley de Propiedad Intelectual convierte en policías de la red a los operadores y en Propiedad intelectual: Preguntas frecuentes sobre la Ley Lasalle, donde David Bravo habla de la que se nos viene encima en tono de humor, como hacen nuestros admirados Luthiers, pero no por ello sin soltar verdades como puños.

Es cierto que por ahora estamos hablando de un borrador escrito sin hablar con todas las partes y que es susceptible de ser modificado y que, al menos según dijo la Secretaría de Estado de Cultura a El Mundo «Habrá un periodo de información pública, que puede durar un mes, en un esfuerzo voluntario para mantener el diálogo y la transparencia», amén de todos los trámites parlamentarios pertinentes.

Claro que con la mayoría absoluta que ahora mismo ostenta el PP es poco probable que la cosa vaya a mejor, y además tal y como están las cosas, es muy probable que la Ley Lassalle pasé muy por debajo del radar del interés de la gente a la que le preocupa más –y lógicamente– la situación económica.

Así que la cosa no pinta nada bien.

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