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Cultura avisa a los navegantes

Esta página salió en la edición del lunes pasado de La Voz de Galicia, diario en el que nos han fichado como colaboradores para publicar una página sobre tecnología, ordenadores, Internet y esas cosas en la sección de Sociedad.

La Voz de Galicia 22 de diciembre de 2008Cultura avisa a los navegantes,
La Voz de Galicia 22 de diciembre de 2008.

La regulación de las descargas por Internet está en el punto de mira del Gobierno y el Ministerio de Cultura advierte ya que las medidas serán «antipopulares»

Apenas tres semanas después de lanzar la polémica campaña «Si eres legal, eres legal», contra la piratería, contra la que muchos usuarios de Internet han expresado su absoluta oposición, aunque sin entrar para nada en detalles, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, dejaba caer hace unos días un nuevo «aviso a navegantes» en el que anunciaba que el ministerio que dirige se dispone a poner en marcha algún tipo de normativa «antipopular» para poner coto a la piratería en Internet.

A pesar de esta carencia de concreción, no hace falta ser ningún pitoniso para suponer que el ministro Molina está pensando en alguna norma del tipo de la ya propuesta en su momento por Nicolás Sarkozy en Francia o por el Gobierno de Gordon Brown en el Reino Unido, mediante la que los proveedores de acceso a Internet vigilarían el patrón de uso de sus usuarios y, en el caso de que estuvieran utilizando su conexión para realizar descargas de materiales protegidos por derechos de autor, se procedería a avisarlos para que dejaran de hacerlo, probablemente hasta en tres ocasiones. De seguir haciéndolo, se llegaría hasta el punto de cortar su conexión a Internet.

Ciertamente, una medida como esta sería enormemente impopular, como bien imagina el ministro, pero es que además de eso sería probablemente de dudosa legalidad y de muy difícil puesta en práctica.

Dificultades técnicas y legales
Para empezar, muchos de los programas que se utilizan para el intercambio de archivos transmiten la información cifrada de tal forma que no es posible identificar el contenido de lo que están transmitiendo, y si no, podría ser el propio usuario el que la cifrara antes de su transmisión, por lo que en realidad un proveedor de acceso no tendría más opción para detectar esos patrones de uso supuestamente irregulares que basarse en el volumen de tráfico generado por este usuario.

Derechos de propiedad
Pero el problema es que es perfectamente posible utilizar este tipo de programas para descargar archivos que no están sujetos a derechos de propiedad intelectual, o bien archivos de los que titulares de estos derechos los han cedido o han decidido que se puedan descargar a través de la Red.

Por ejemplo, la NASA utiliza la distribución a través de redes P2P para su programa World Wind, similar a Google Earth, o el director de la película Man From Earth, al no tener distribución fuera de Estados Unidos, ha animado a que se distribuya a través de redes P2P, por citar solo un par de casos, y también existen conjuntos de datos para trabajos e investigaciones científicas que se pueden descargar por medio de estas vías.

Intimidad protegida
Además, se supone que la legislación vigente protege la intimidad de nuestras comunicaciones, con lo que nadie debería tener la posibilidad de ponerse a mirar y analizar su contenido, esté este cifrado o no, sin que mediara una orden judicial al respecto.

Y aquí habría otro serio escollo a la aplicación de un sistema de este estilo, ya que cada vez son más las sentencias firmes en las que los jueces confirman que la descarga de contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual no es un delito siempre que esta se lleve a cabo sin ánimo de lucro. Es decir, que siempre que alguien se descargue música, películas, series de televisión o similares para su uso y disfrute personal, sin dedicarse luego a vender copias por ahí, no está delinquiendo.

Así que habría que ver entonces cómo esta nueva normativa en la que trabaja el Ministerio de Cultura encajaría en el marco jurídico actual, cómo se articularía según la legislación vigente.

Por otra parte, habría que ver también si en estas condiciones los usuarios no estarían en su derecho de interponer demandas contra sus operadoras si estas les limitaran o cortaran la velocidad de conexión, vulnerando sus condiciones contractuales sin que de nuevo hubiera alguna orden judicial de por medio.

Y ya sin abundar en el asunto de juicios y legalidades varias, habría que ver asimismo si las operadoras, en plena carrera por ofrecer conexiones cada vez más rápidas a sus usuarios y de cobrarlas correspondientemente, estarían interesadas en limitarlas.

Dudas entre los políticos
El hecho de que el propio Parlamento Europeo haya rechazado adoptar medidas como la propuesta por Sarkozy, aunque este no parece querer darse por vencido y siga insistiendo, es una señal evidente de que ni tan siquiera entre los políticos está muy claro que se pueda o deba legislar este asunto.

Sin saber exactamente cuál es la idea del ministro puede que nos estemos poniendo la venda antes de hacerse la herida, pero visto lo que en su momento sucedió con el ahora conocido como canon digital, por el que pagamos una cantidad de dinero a las entidades de gestión de derechos de autor por cada soporte informático que compramos y por numerosos dispositivos electrónicos capaces de almacenar o reproducir estos contenidos en compensación por el derecho a copia privada aunque no los vayamos a utilizar nunca para almacenar contenidos cuyos derechos de propiedad intelectual sean detentados por otras personas, el globo sonda que ha lanzado es cuando menos preocupante.