Por @Wicho — 2 de Junio de 2021

Resultado de la votación
Resultado de la votación en el Parlamento Europeo en la que se aprobó la DEMUD - vía Julia Reda

No a la #LeyUribes. Contra la censura privada aprobada mediante real decreto ley, sin transparencia y sin debate previo. Movilización general, como en su día contra la Ley Sinde, como en su día contra la LSSI.

– @BufetAlmeida

El Gobierno de España está a punto de reformar la Ley de Propiedad Intelectual para trasponer la Directiva Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (DEMUD). Aquella que incluye los polémicos artículos 15 y 17 (probablemente más conocidos aún como 11 y 13) sobre propiedad intelectual, Será por Real Decreto Ley mediante la ya conocida como Ley Uribes. Tenían cierta prisa porque a partir del 7 de junio terminaba el plazo para hacer la transposición y nos puede caer una multa. Pero por lo visto nos han dado un plazo de gracia de seis meses, así que a ver.

Según resumía en su momento la eurodiputada Julia Reda el Artículo 15 permitirá a los editores de prensa reclamar compensaciones económicas enlazar sus contenidos si al hacerlo incluyes cosas como el título del artículo con el que enlazas o previsualizaciones al estilo de las que hace Facebook o pequeños extractos como los de Google.

Si no pagas no lees

El Artículo 17, por su parte, exige a cualquier sitio al que los usuarios puedan subir contenido a instalar unos sistemas de filtrado para evitar que se publiquen contenidos sujetos a derechos de autor. El problema, aparte de los falsos positivos que se puedan producir, es que los teóricos titulares de los derechos de autor pueden reclamar lo que les dé la gana sin que pase nada aunque las reclamaciones no estén motivadas.

Filtrando

Entidades culturales y de la sociedad sociedad civil como Creative Commons España, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), Interferencias, Wikimedia España y Xnet alertan sobre los efectos de una transposición sesgada de la directiva al ordenamiento español y critican la opacidad del proceso llevado a cabo por el Gobierno.

En especial cuando la transposición de la directiva europea podría haberse realizado mediante trámites parlamentarios ordinarios y con tiempo de sobra para un debate abierto sobre las opciones disponibles; otra cosa es que eso probablemente tampoco habría servido de mucho porque la mayoría del arco parlamentario está a favor de esta directiva.

Así que tendremos que ver la redacción fina de la Ley Uribe y en especial del reglamento que servirá para aplicarla. Pero la cosa no pinta excesivamente bien.

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