Por @Wicho — 4 de Mayo de 2009

El plenario del Parlamento Europeo vota este miércoles 6 de mayo a las 12 del mediodía el Paquete de Telecomunicaciones, que es el conjunto de directivas que, de ser aprobadas, y una vez traspuestas a los sistemas legales de los países miembros, regularán el funcionamiento de Internet en la Unión Europea en los próximos años.

Entre otras muchas cosas, este paquete incluye dos aspectos que comprometen seriamente los derechos de los ciudadanos al acceso a una Internet libre y sin limitaciones:

  • Por una parte, permite a las operadoras de telecomunicaciones establecer una serie de limitaciones en el acceso a Internet con la única obligación de comunicárselas a sus usuarios, lo que pone en un peligro muy serio el principio de la neutralidad de la Red, ya que por compromisos comerciales o de cualquier otro tipo una operadora puede decidir limitar o incluso bloquear el acceso a un sitio determinado sin que sus usuarios puedan evitarlo. Por ejemplo, un proveedor podría llegar a un acuerdo comercial con un buscador determinado para bloquear el funcionamiento de otro, o bien decidir que los vídeos de un servicio en concreto cargeuen más despacio que los de otro, por citar un par de ejemplos.
    La idea de que el mercado se ocuparía de regular esto y que los usuarios pueden cambiarse a otra operadora es muy bonita, pero no siempre es posible en la práctica, y tampoco sería la primera vez que algunas empresas que en teoría compiten pactan precios, así que podría ocurrir algo similar con las ofertas de accesos a Intenet.
    Esto también podría extenderse a la implantación de tarifas en las que se incluye una cierta cantidad de tráfico cada mes pero en las que habría que pagar por el tráfico a mayores, lo que en una Internet en la que cada vez tienen más protagonismo los contenidos multimedia supondría que aquellos que no pudieran pagar se quedarían fuera del acceso a estos o lo verían muy limitado.
  • Por otro lado, y a pesar de que el Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) de la Unión votó en su momento a favor de una enmienda que decía que las restricciones a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios de Internet sólo podrían aplicarse tras una decisión de las autoridades judiciales, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea la eliminaron pactando en su lugar un texto absolutamente descafeinado que dice que cualquier restricción tiene que poder ser recurrida ante un juzgado, lo que es como no decir nada porque ese es un derecho que ya nos asistía, y además abre la posibilidad de que ciertos organismos o autoridades competentes puedan decidir desconectar a un usuario de Internet, tal y como buscan las conocidas como leyes de tres avisos que buscan de esta forma terminar con las descargas de archivos protegidos por derechos de autor.

Estos últimos cambios parecen haber sido acordados con el objeto de llegar a un acuerdo rápido con el Consejo que permita aprobar el Paquete Telecom antes de las próximas elecciones europeas y así evitar estar tres meses más negociando un procedimiento de conciliación sobre él, pero a costa de los derechos de los ciudadanos.

En Mobilisation vote Citizen Rights Amendments on May6 Telecoms Package 2nd reading todo esto está explicado con más detalle, y también explica qué se puede intentar hacer, que es básicamente ponerse en contacto con los europarlamentarios ya sea por teléfono o por correo electrónico y pedirles educadamente que voten a favor de las enmiendas que restauran las protecciones pertinentes.

Las enmiendas más importantes de estas son la 3 y la 1CP del informe ITRE/Trautmann, que garantizan respectivamente el acceso y distribución de cualquier contenido, aplicación, o servicio y el que no se pueda desconectar el acceso a Internet de nadie sin una decisión judicial previa.

En el informe IMCO/Harbour son la 101, que asegura que no se haga discriminación alguna mediante políticas de gestión de tráfico, la 102, que da a los países poder para regular en contra de la discriminación de cualquier tipo de tráfico, la 62, contra la discriminación de tráfico por cualquier motivo, y la 96, que elimina la posibilidad de cooperación entre los proveedores de acceso y los propietarios de los derechos de autor a la hora de determinar qué es un contenido lícito.

No se trata de pedir que el acceso a Internet sea gratuito, pero sí de que sea transparente y que toda Internet esté al alcance de todo el mundo independientemente de acuerdos comerciales y otros intereses espúreos; tampoco se trata de pedir que todo sea gratis en Internet sino de buscar un punto de encuentro en el que tanto usuarios como autores y gestores de derechos estén de acuerdo.

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